El Gobierno venderá Novagalicia en cinco años tras reducir un 60% su tamaño
La cúpula de NCG mantiene su proyecto de captar inversores privados como, aseguran, recoge el plan de recapitalización - Las quitas a las preferentes reducirán las ayudas públicas a la banca en 10.000 millones
 05:05
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Almunia en un momento de su comparecencia, ayer, en Bruselas. / julien warnand
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Almunia sostiene que el Gobierno español integrará NCG "en otra entidad" tras sanearla con 5.425 millones
LUI COSTAS A CORUÑA Novagalicia banco será sometida durante los próximos cinco años a una dura dieta de adelgazamiento que reducirá su tamaño, su negocio, número de trabajadores y oficinas hasta convertirlo en un banco un 60% más pequeño, regional y viable que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) -el organismo dependiente del Banco de España que controla ahora el 90% del capital- venderá a otra entidad financiera antes del 31 de diciembre de 2017.
Ese es al menos el panorama que presentó en Bruselas el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, quien ayer dio cuenta de la aprobación de los planes de reestructuración de la banca nacionalizada, que supondrá repartir cerca de 37.000 millones de euros entre NCG (5.425 millones), CatalunyaBanc, Banco de Valencia y Bankia; la única de las cuatro nacionalizadas que no será vendida y se mantendrá con una nueva inyección de capital que ronda los 18.000 millones de euros, casi la mitad de todo lo que absorberá el sistema financiero español en este proceso. A cambio de los 5.425 millones, NCG tendrá que recortar su tamaño un 60%, prevé reducir su plantilla hasta un máximo de 2.500 trabajadores, cerrar o vender 399 oficinas (213 en Galicia, Asturias y Castilla y León; las 120 de EVO y las 66 mixtas del mercado nacional), y vender sus 170 participadas.
Almunia dejó claro que el futuro de NCG y Catalunya Banc -Banco de Valencia fue adjudicada el lunes en subasta a CaixaBank- pasa por su venta, pero insistió varias veces en que la Comisión Europea se limitó a dar el visto bueno a un plan prediseñado por las autoridades españolas: "En el caso concreto de Novagalicia y CatalunyaBanc las autoridades españolas han acordado vender los bancos a lo largo de la aplicación del plan, de modo que antes del 31 de diciembre de 2017 queden integrados en otra entidad financiera", explicó. Luego y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una liquidación, Almunia abrió la puerta a que entren inversores privados en la entidad, un plan que la cúpula de NCG mantiene vivo y que espera ver cumplido antes del fin de 2017, tal y como, según fuentes del banco, está explícitamente recogido en el plan de recapitalización. De hecho, el comunicado que la entidad envió anoche a la prensa -después de haber concluido la reunión que mantuvo con los representantes de los sindicatos- advierte de que el banco sólo tendrá que cumplir el 100% del plan de recapitalización si no consigue que la participación del FROB sea privatizada antes de septiembre de 2017, con lo que Castellano tendría algo más de cuatro años para captar a esos inversores que según las mismas fuentes la troika ya conoce.
Y es que las referencias de Almunia a la integración de NCG en otra entidad colisionan de frente con la pretensión del banco de dar entrada a fondos privados. Por eso, ayer las reacciones políticas y del sector se repartieron entre quienes dan por finiquitado a Novagalicia y quienes ven, como sus directivos, que el banco está salvado y permanecerá "sólo y en Galicia".
La CE confía en que la venta se produzca dentro de los cinco años previstos, porque será "más barato" que una resolución ordenada y significará que los "efectos positivos" del plan de reestructuración "son apreciados por inversores o compradores".
Almunia reconoció que los planes de recapitalización son duros y exigentes y advirtió de que las entidades serán vigiladas de cerca. NCG tendrá de hecho que proponer a dos expertos en supervisión bancaria como vigilantes para que las autoridades financieras elijan a uno, que será fideicomisario (trustee) de que el plan se cumple.
Como estaba planeado, Almunia no concretó el recorte de personal de las nacionalizadas -aunque sí dejó claro que la CE no impone aplicar la reforma laboral- ni la quita que se aplicará a las preferentes, una cuestión que el Gobierno y las entidades tendrán que "discutir y aplicar" en los próximos tres meses. El "reparto de cargas" que la CE se empeña en repercutir en los titulares de preferentes ahorrará 10.000 millones de euros en ayudas europeas.
La aprobación de los planes de reestructuración y el dictamen favorable de los técnicos de la CE y el BCE que visitaron España en octubre permitirá que el Eurogrupo del próximo lunes apruebe una primera inyección de capital en la banca española, que llegaría antes del fin del año.
Almunia aprovechó ayer una pregunta sobre quién es el responsable de definir el ajuste de las entidades para dejar claro que la actual situación de la banca española se originó hace algunos años: "Los responsables son quienes gestionaron mal las entidades. No voy a dar nombres y apellidos pero si hiciésemos una puesta en común, nos saldría una lista relativamente larga", dijo.
Ese es al menos el panorama que presentó en Bruselas el comisario de Competencia, el español Joaquín Almunia, quien ayer dio cuenta de la aprobación de los planes de reestructuración de la banca nacionalizada, que supondrá repartir cerca de 37.000 millones de euros entre NCG (5.425 millones), CatalunyaBanc, Banco de Valencia y Bankia; la única de las cuatro nacionalizadas que no será vendida y se mantendrá con una nueva inyección de capital que ronda los 18.000 millones de euros, casi la mitad de todo lo que absorberá el sistema financiero español en este proceso. A cambio de los 5.425 millones, NCG tendrá que recortar su tamaño un 60%, prevé reducir su plantilla hasta un máximo de 2.500 trabajadores, cerrar o vender 399 oficinas (213 en Galicia, Asturias y Castilla y León; las 120 de EVO y las 66 mixtas del mercado nacional), y vender sus 170 participadas.
Almunia dejó claro que el futuro de NCG y Catalunya Banc -Banco de Valencia fue adjudicada el lunes en subasta a CaixaBank- pasa por su venta, pero insistió varias veces en que la Comisión Europea se limitó a dar el visto bueno a un plan prediseñado por las autoridades españolas: "En el caso concreto de Novagalicia y CatalunyaBanc las autoridades españolas han acordado vender los bancos a lo largo de la aplicación del plan, de modo que antes del 31 de diciembre de 2017 queden integrados en otra entidad financiera", explicó. Luego y a preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de una liquidación, Almunia abrió la puerta a que entren inversores privados en la entidad, un plan que la cúpula de NCG mantiene vivo y que espera ver cumplido antes del fin de 2017, tal y como, según fuentes del banco, está explícitamente recogido en el plan de recapitalización. De hecho, el comunicado que la entidad envió anoche a la prensa -después de haber concluido la reunión que mantuvo con los representantes de los sindicatos- advierte de que el banco sólo tendrá que cumplir el 100% del plan de recapitalización si no consigue que la participación del FROB sea privatizada antes de septiembre de 2017, con lo que Castellano tendría algo más de cuatro años para captar a esos inversores que según las mismas fuentes la troika ya conoce.
Y es que las referencias de Almunia a la integración de NCG en otra entidad colisionan de frente con la pretensión del banco de dar entrada a fondos privados. Por eso, ayer las reacciones políticas y del sector se repartieron entre quienes dan por finiquitado a Novagalicia y quienes ven, como sus directivos, que el banco está salvado y permanecerá "sólo y en Galicia".
La CE confía en que la venta se produzca dentro de los cinco años previstos, porque será "más barato" que una resolución ordenada y significará que los "efectos positivos" del plan de reestructuración "son apreciados por inversores o compradores".
Almunia reconoció que los planes de recapitalización son duros y exigentes y advirtió de que las entidades serán vigiladas de cerca. NCG tendrá de hecho que proponer a dos expertos en supervisión bancaria como vigilantes para que las autoridades financieras elijan a uno, que será fideicomisario (trustee) de que el plan se cumple.
Como estaba planeado, Almunia no concretó el recorte de personal de las nacionalizadas -aunque sí dejó claro que la CE no impone aplicar la reforma laboral- ni la quita que se aplicará a las preferentes, una cuestión que el Gobierno y las entidades tendrán que "discutir y aplicar" en los próximos tres meses. El "reparto de cargas" que la CE se empeña en repercutir en los titulares de preferentes ahorrará 10.000 millones de euros en ayudas europeas.
La aprobación de los planes de reestructuración y el dictamen favorable de los técnicos de la CE y el BCE que visitaron España en octubre permitirá que el Eurogrupo del próximo lunes apruebe una primera inyección de capital en la banca española, que llegaría antes del fin del año.
Almunia aprovechó ayer una pregunta sobre quién es el responsable de definir el ajuste de las entidades para dejar claro que la actual situación de la banca española se originó hace algunos años: "Los responsables son quienes gestionaron mal las entidades. No voy a dar nombres y apellidos pero si hiciésemos una puesta en común, nos saldría una lista relativamente larga", dijo.
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