La CE aprueba el plan de reestructuración y da el visto bueno para desbloquear los 37.000 millones. Los titulares de preferentes tendrán que renunciar a 10.000 millones
La Comisión Europea ha impuesto este miércoles una reducción de tamaño de más del 60% a la banca nacionalizada (Bankia, Catalunya Caixa, Novagalicia Banco y Banco de Valencia) hasta 2017, lo que supondrá recortar a la mitad su red de oficinas.
Ésta es la condición que exige Bruselas para autorizar una inyección de capital de 37.000 millones de euros del fondo de rescate de la UE (MEDE) con el fin de garantizar su viabilidad. En concreto, Bankia recibirá 17.960 millones de euros; Catalunya Caixa, 9.080 millones de euros; Novagalicia Banco, 5.425 millones; y Banco de Valencia, 4.500 millones, según se recoge en los planes de reestructuración de las cuatro entidades aprobados por Bruselas.
Además de estos 37.000 millones de euros, el MEDE inyectará un primer tramo de 2.500 millones de euros a la sociedad de gestión de activos inmobiliarios (Sareb), según ha anunciado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
Almunia ha eludido cuantificar el impacto de esta reestructuración en despidos. "Van a tener lugar, sin duda", ha dicho, pero "estamos ante una pregunta que debe ser contestada por las autoridades españolas y las entidades afectadas". "Los responsables son quienes gestionaron mal estas entidades. Nos saldría una lista relativamente larga", ha apuntado. El Ejecutivo comunitario no ha obligado a las entidades a que apliquen 20 días de indemnización por despido, ha asegurado el responsable de Competencia. Bruselas autoriza la venta de Banco de Valencia a Caixabank por considerar que "no es viable como entidad autónoma". "Esta opción es más barata que liquidar el banco", ha asegurado Almunia.
Por lo que se refiere a Catalunya Caixa y Novagalicia Banco, el Gobierno español se ha comprometido a vender las entidades antes de que concluya el periodo de reestructuración. En caso de que la venta no sea posible, las autoridades españolas deberán presentar un plan de liquidación ordenada. Para llevar a cabo su reducción de tamaño, las entidades nacionalizadas deberán centrar su modelo empresarial en préstamos al por menor y préstamos a las pymes en sus principales regiones históricas. Y tendrán que abandonar las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias y limitarán su presencia en el mercado al por mayor.
Además Bankia y Catalunya Caixa cederán los títulos de renta fija que poseen en su cartera de valores negociables y de tesorería. Catalunya Caixa también cederá la totalidad de sus fondos de capital riesgo. Los beneficios deberán dedicarse a la propia reestructuración. S
egún los planes de reestructuración aprobados por el Ejecutivo comunitrio, los accionistas y titulares de preferentes y deuda subordinada deberán contribuir también a los planes de reestructuración. Su aportación reducirá la ayuda estatal necesaria en alrededor de 10.000 millones de euros, según los cálculos de Bruselas.
Finalmente, todos los bancos se comprometen a limitar las remuneraciones de sus directivos según está previsto ya en la legislación española, no pagar cupón de instrumentos híbridos y no publicitar la ayuda pública ni usarla para prácticas comerciales agresivas. Además, tendrán prohibido realizar adquisiciones.
Ésta es la condición que exige Bruselas para autorizar una inyección de capital de 37.000 millones de euros del fondo de rescate de la UE (MEDE) con el fin de garantizar su viabilidad. En concreto, Bankia recibirá 17.960 millones de euros; Catalunya Caixa, 9.080 millones de euros; Novagalicia Banco, 5.425 millones; y Banco de Valencia, 4.500 millones, según se recoge en los planes de reestructuración de las cuatro entidades aprobados por Bruselas.
Además de estos 37.000 millones de euros, el MEDE inyectará un primer tramo de 2.500 millones de euros a la sociedad de gestión de activos inmobiliarios (Sareb), según ha anunciado el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, Joaquín Almunia.
Almunia ha eludido cuantificar el impacto de esta reestructuración en despidos. "Van a tener lugar, sin duda", ha dicho, pero "estamos ante una pregunta que debe ser contestada por las autoridades españolas y las entidades afectadas". "Los responsables son quienes gestionaron mal estas entidades. Nos saldría una lista relativamente larga", ha apuntado. El Ejecutivo comunitario no ha obligado a las entidades a que apliquen 20 días de indemnización por despido, ha asegurado el responsable de Competencia. Bruselas autoriza la venta de Banco de Valencia a Caixabank por considerar que "no es viable como entidad autónoma". "Esta opción es más barata que liquidar el banco", ha asegurado Almunia.
Por lo que se refiere a Catalunya Caixa y Novagalicia Banco, el Gobierno español se ha comprometido a vender las entidades antes de que concluya el periodo de reestructuración. En caso de que la venta no sea posible, las autoridades españolas deberán presentar un plan de liquidación ordenada. Para llevar a cabo su reducción de tamaño, las entidades nacionalizadas deberán centrar su modelo empresarial en préstamos al por menor y préstamos a las pymes en sus principales regiones históricas. Y tendrán que abandonar las líneas de créditos a favor de promociones inmobiliarias y limitarán su presencia en el mercado al por mayor.
La 'pequeña' contribución de los titulares de preferentes
Ello contribuirá a reforzar su capital y sus niveles de liquidez y reducir su dependencia de la financiación en el mercado mayorista y del Banco Central Europeo. Todos los bancos se han comprometido a ceder algunas participaciones industriales y filiales. El producto de dichas cesiones contribuirá a financiar la reestructuración y, por lo tanto, limitará la necesidad de ayuda adicional, además de reducir las distorsiones de competencia.Además Bankia y Catalunya Caixa cederán los títulos de renta fija que poseen en su cartera de valores negociables y de tesorería. Catalunya Caixa también cederá la totalidad de sus fondos de capital riesgo. Los beneficios deberán dedicarse a la propia reestructuración. S
egún los planes de reestructuración aprobados por el Ejecutivo comunitrio, los accionistas y titulares de preferentes y deuda subordinada deberán contribuir también a los planes de reestructuración. Su aportación reducirá la ayuda estatal necesaria en alrededor de 10.000 millones de euros, según los cálculos de Bruselas.
Finalmente, todos los bancos se comprometen a limitar las remuneraciones de sus directivos según está previsto ya en la legislación española, no pagar cupón de instrumentos híbridos y no publicitar la ayuda pública ni usarla para prácticas comerciales agresivas. Además, tendrán prohibido realizar adquisiciones.
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